INTRODUCCIÓN

Entre el primero de enero de 1984 y el primero de diciembre de 2015 se cuentan, aproximadamente, 1.901.011  personas que vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Según información de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del número expuesto, 4.737 menores debieron distanciarse de las aulas porque fueron reclutados en las filas de grupos al margen de la ley; sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que entre 1999 y 2015 atendió a 5.850 menores víctimas del mismo flagelo.

El paso de la guerra por la escuela también deja maestros desaparecidos, desplazados, exiliados, amenazados y asesinados. Escuelas afectadas en su estructura por el impacto de balas y elementos explosivos; minadas y tomadas como trincheras durante combates o como lugares de campamento por grupos armados legales e ilegales. Y, de cara a toda esta escena, familias de zonas rurales que han decidido que sus hijos no recorran el camino a las aulas para evitar que sus nombres sean fijados en las listas de víctimas. Este informe, desarrollado por la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, presenta historias y cifras que pretenden explicar el impacto que el conflicto armado deja en la educación básica y media.

Costos para EL RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Tras la aprobación de la Ley de Víctimas, el Estado designó 6,7 billones de pesos para garantizar, entre el año 2012 y el año 2021, el acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar víctimas del conflicto armado. El presupuesto debe garantizar educación gratuita y la eliminación de otros costos académicos diferentes a la matrícula. No obstante, personas desplazadas entrevistadas para esta investigación manifiestan que cuentan con la matrícula, pero que carecen de aportes que cubran todos los gastos escolares.

Del monto expuesto también deben salir recursos para la población víctima entre los 18 y 25 años que no hayan culminado la educación básica y media, según el Conpes 3712 de 2011.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 expone en términos porcentuales las brechas económicas y sociales de las regiones más afectadas por el conflicto armado, que corresponden, en su mayoría, a zonas rurales.  Presenta, en consecuencia, la meta que, de cara a las categorías mencionadas, se propone cumplir el gobierno a partir de su política de paz, equidad y educación. Tanto la pobreza monetaria rural como las brechas sociales en los municipios más afectados por el conflicto armado requieren de inversión en educación, para que les permita a sus habitantes construir proyectos de vida de mayor solidez. Países de la región, como Chile, han demostrado que la educación es una de las vías más certeras para alcanzar altos niveles de igualdad social que se traducen, en el largo plazo, en reducción de la pobreza.

Al cierre de esta investigación se encontraban registradas en Colombia 7.821.641 víctimas del conflicto armado. El 24% de ellas vivió un hecho victimizante cuando se encontraba en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Para los expertos en educación consultados, cualquier hecho de violencia que repercuta sobre un menor tiene entre sus consecuencias la alteración de la vida académica.

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EDAD ESCOLAR

En 2010 el Estado generó la política económica para la prevención del reclutamiento de menores de edad, para el período 2010-2014, por un monto de  353.394 millones de pesos, que incluyó recursos entregados por la nación, recursos propios de las entidades y dineros de cooperación. El total general corresponde a 360 mil millones de pesos, cifra que incluye, además de lo expuesto, los costos de funcionamiento de algunas de las instituciones involucradas en la política. El Ministerio de Educación fue la entidad que recibió más recursos para esta acción.

 MENORES DE EDAD VINCULADOS CON

 ACTIVIDADES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES

MAESTROS GOLPEADOS

POR EL CONFLICTO

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), manifiesta que a la fecha cuentan con aproximadamente 6 mil docentes amenazados, 1.100 asesinados, 70 en el exilio y 50 desaparecidos.

Algunos de los departamentos en los que los sindicatos de docentes han sido más golpeados por el conflicto armado son: Antioquia, Córdoba, Risaralda, Nariño y Caquetá.

DESMOVILIZADOS EN

EL SISTEMA ESCOLAR